Para comenzar ha analizar el recurso respecto a la liquidación de bienes gananciales:
Ambas partes firmaron una propuesta de convenio regulador de divorcio que contenía pactos que la Juez que conocía del proceso consideraba no debían formar parte del mismo, (una propuesta de convenio regulador de divorcio no ratificada judicialmente por incluir un inventario de la sociedad de gananciales), lo que propició la presentación de una nueva propuesta que ratificaron a presencia judicial, siendo aprobada en la sentencia de divorcio.
En el segundo convenio aprobado judicialmente no se incluyeron el inventario de bienes ni los pactos sobre liquidación de la sociedad de gananciales consignados en el primero.
El problema surge respecto al primer convenio regulador firmado por ambos cónyuges, que el juez no admitió, por lo que la Sala, como lo que se somete a su valoración es la eficacia jurídica que debe otorgarse a la parte de un convenio regulador no ratificada judicialmente, transcribe – a modo de resumen – la doctrina del Tribunal Supremo que dimana de Sentencia de 4 de noviembre de 2011 y en base a la misma concluye que “la eficacia del convenio regulador no siempre depende de su aprobación por la autoridad judicial, pues ésta sólo es necesaria respecto del contenido que el legislador ha querido sujetar a este tipo de fiscalización” y
Por lo que acuerda su validez en base a lo siguiente:
– a) ni se alegó ni probó que la segunda propuesta de convenio regulador hubiera novado la primera,
– b) La eficacia jurídica de la parte de convenio regulador no contenido en la segunda propuesta no había sido expresamente excluida por las partes,
– c) el contenido del segundo convenio no resultaba “del todo punto incompatible” con la formación de inventario del primero.